Por estos días se está debatiendo mucho el tema de ley de derribo sí o ley de derribo no. Promotores y detractores, cada uno por su lado, esgrimen, transitando por los medios de comunicación las razones que justifican sus posiciones y otra vez, nos encontramos con que el árbol nos está tapando el bosque.
La lucha contra el narcotráfico,
no es un radar, no es el derribo, no es el control de los puertos, no es atacar
la economía del delito. La lucha contra el narcotráfico debe partir de una discusión en serio sobre una estrategia integral que
coordine medidas y acciones, en el marco de un plan que contenga metas y
objetivos diseñados a corto, mediano y largo plazo.
Esta
estrategia integral debe ser fruto de un consenso político y contar con el
apoyo de la sociedad, y en donde el eje orientador debe serlo la seguridad
ciudadana.
El Estado tiene responsabilidad de velar por la
seguridad de sus ciudadanos y en el marco de este
imperativo indelegable de hacerlo, debe abordar una política contra el
narcotráfico desde una perspectiva multidimensional, para poder vertebrar
esfuerzos que en forma aislada y espasmódica no producen ningún resultado.
Así
es como las discusiones en todos estos años se han centrado sobre un tema en
particular, con lo que la respuesta de las políticas, ha sido la de adoptar una
medida puntual contra el aspecto en análisis y dando como resultado un fracaso
que se anticipaba por la mirada fragmentada.
Esto
es algo así como pretender preservar la seguridad de una vivienda poniendo
rejas a una ventana pero dejando la puerta abierta.
Si el tema se encuentra en discusión, no tenemos que perder la
oportunidad de abordarlo en la integralidad del análisis que demanda para que
la lucha contra el narcotráfico comience a ser en las políticas públicas de
nuestro país, una estrategia integral, que se armonice además con las políticas
de los otros países en el marco de la responsabilidad compartida y que además
opere como herramienta de disuasión para los autores del delito.
En
ese contexto, es decir, como una de las herramientas de esa estrategia que debe
necesariamente coordinarse con los demás esfuerzos y acciones, el derribo, no implica un ataque, sino una
defensa a la seguridad y soberanía de un Estado cuyo espacio aéreo se ha
vulnerado deliberadamente, y además con el agravante de haber desoído y desobedecido todas y cada una de las
diferentes señales, alarmas y comunicaciones remitidas por las autoridades de
nuestro país.
Pareciera
existir una gran confusión en torno a este tema, porque hay quienes interpretan
que el derribo es abrir fuego directamente contra una aeronave y esto es un
gravísimo error y difundirlo así además, constituye un acto de
irresponsabilidad.
El
derribo o la instancia final que se discuta y consensúe, constituye la última
acción de un largo proceso estructurado en pasos inexcusables y obligatorios
que deben cumplirse inexorablemente y recién cuando pese a todas las
advertencias, la aeronave no se ha identificado y se ha resistido a aterrizar,
se procede al derribo o se puede proceder de otra manera con otra acción que se
discuta y consensúe.
Medidas
de indagación, de intervención, de persuasión, son todos eslabones
indispensables en una cadena que termina privilegiando la seguridad de nuestros
ciudadanos y actuando en consecuencia con la autorización de la máxima
autoridad del Estado vulnerado.
En
suma, si queremos verdaderamente velar
por nuestros ciudadanos, terminemos con las discusiones estériles de temas
puntuales y asumamos el desafío de discutir un plan integral, una política
pública de lucha contra el narcotráfico consensuada y coordinada con los otros
Estados para que la Argentina sea conocida y respetada en el mundo como un país
que ha tomado la firme decisión de preservar la seguridad de sus ciudadanos, la
integridad y la soberanía sobre su
territorio y que ha adoptado una política pública perdurable y eficaz de lucha
contra el narcotráfico. Esto es lo que tenemos que debatir.